No se van a cansar de repetirlo: “La Orinoquia colombiana está amenazada. Desprotegida. Pues sobre esas sabanas inundables se están tomando decisiones equivocadas”. Esa es la conclusión de un grupo de académicos entre los que se encuentran el exministro de ambiente Manuel Rodríguez Becerra y los investigadores de la Universidad Nacional Julio Fierro Morales, Darío Fajardo y Miguel Gonzalo Andrade, pero también de uno de los representantes del pueblo indígena u’wa.
Se trata de Jimmy Sánchez Aguablanca, quien al frente del auditorio recuerda que, aunque durante siglos ellos han sido los guardianes del agua que alimenta desde Colombia al río Orinoco, hoy, sin consultarles, el Gobierno planea realizar grandes proyectos extractivos de gas y petróleo en sus territorios. “No saquen la sangre de nuestra tierra que, a pesar de estar enferma, continúa alimentando a nuestras familias, pero también a las suyas”, dijo en el debate “Orinoquia: entre la ambición y las promesas”, convocado por la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional.
La discusión, a la que también estuvo invitado Juan Fernando Martínez Jaramillo, vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se centró en lo vulnerable que se encuentra esta extensa región (que representa la cuarta parte del territorio nacional) ante los retos económicos que le esperan.
Sobre sus suelos, los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han imaginado una amplia concentración de cultivos como palma y arroz. También la extracción de importantes reservas de gas, petróleo y minerales. Extracciones que a los ojos de la ANH contienen una riqueza importante para el país, sobre la que se requiere ejercer soberanía.
“No se puede satanizar una actividad económica que nos enriquece. Los recursos del petróleo generan progreso y eso no podemos desconocerlo. Hemos demostrado que es posible ejercer esta actividad sin afectar el medio ambiente. La energía es el motor de la humanidad y la energía se produce con petróleo”, dijo Martínez Jaramillo, de la ANH.
Sobre este punto, el geólogo Julio Fierro dice que esos estudios que aseguran que la actividad petrolera no afecta los ecosistemas se sustentan con escalas amplias, bastante generales, donde los impactos se invisibilizan. El profesor sostiene que las afectaciones a los suelos sí han sido comprobadas, incluso en países como Estados Unidos, y en el caso de Colombia no se pueden ignorar los testimonios de campesinos sobre las actividades extractivas. “La sísmica (tarea que realizan las compañías petroleras para buscar hidrocarburos) resulta ser una invasión territorial que no sólo causa problemas ambientales, sino sociales”, aseguró.
Los académicos cuestionan la manera “desordenada” en que se han hecho planes en un territorio tan frágil ecológicamente, como la Orinoquia, con ciclos únicos de lluvias y sequías que deberían tenerse en cuenta para cualquier decisión futura.
“Colombia tiene 16 millones de hectáreas de sabanas y la Orinoquia guarda unas 600 especies de aves y el 58% de riqueza de especies de plantas del país. Los libros rojos de especies amenazadas demuestran que no hemos avanzado en su protección. Las mismas especies que aparecían vulnerables en el año 2000 continuaban amenazadas en 2012. El 90% de los ecosistemas de la Orinoquia está en peligro”, dijo Gonzalo Andrade, investigador del Instituto de Ciencias Naturales de la U. Nacional.
De acuerdo con el exministro Manuel Rodríguez Becerra, parte del problema sobre la falta de planeación en la Orinoquia se concentra en el imaginario que se ha construido en torno a una región históricamente olvidada. “Para la clase dirigente y para los inversionistas, la Orinoquia es un lienzo en blanco que se puede llenar de cualquier forma”, dice el experto, y explica que tal fue la conclusión de un estudio riguroso que realizó la Universidad de los Andes y en el que se les preguntó a políticos e industriales cuál era su visión de ese territorio.
Aunque los científicos colombianos han entregado información valiosa sobre las características de esta zona de Colombia, Manuel Rodríguez sostiene que esas investigaciones han sido archivadas e ignoradas por los gobernantes. “Esto es evidente en la ausencia de una política clara de desarrollo para la zona. Lo único que se ha redactado es un documento Conpes sobre la altillanura, que si se lee con cuidado dice más de lo mismo: ‘adelante, que aquí se puede hacer cualquier cosa’”.
Este ha sido un año crucial para desviar la mirada hacia la Orinoquia. Aumentaron las denuncias de los congresistas del Polo Democrático Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo contra reconocidas empresas agroindustriales del país que acumularon en el Vichada grandes extensiones de tierras, originalmente baldías, pasando por encima de la ley.
Luego, las imágenes de cientos de chigüiros muertos por falta de agua en Paz de Ariporo (Casanare) centró la atención en las evidentes consecuencias que el cambio climático y los modelos de desarrollo implementados en el país le están trayendo a esta zona. Por último, hace un mes, un equipo multidisciplinar integrado por organizaciones civiles y estatales firmó una alianza para declarar el río Bita, en el Vichada, el primer río protegido de Colombia, con la idea de comenzar a implementar en la región sistemas de desarrollo agrícola sostenibles basados en el conocimiento científico.
Pero la Orinoquia es inmensa y las decisiones que se tomen sobre su futuro terminarán afectando o beneficiando a toda la población colombiana. Quizá sea hora de replantear algunas políticas de desarrollo. Al menos en eso insiste la academia, y también Jimmy Sánchez Aguablanca, representante del pueblo u’wa.
FUENTE : acuevas@elespectador.com
