Mientras el gobierno sigue dando palos de ciego, en el mundo ya existen mecanismos probados frente a este problema. Un experto presenta algunas de las estrategias efectivas y al alcance de la mano.
Desaciertos del gobierno
Cuando se examina el tratamiento del problema del consumo de drogas en Colombia, uno tiene la impresión de que el Estado y los sucesivos gobiernos no han sabido con qué pinzas tomarlo.
No deja de sorprender la increíble cantidad de iniciativas, casi siempre desordenadas, inconsultas, arbitrarias y hasta peligrosas. Algunos ejemplos son el Acto legislativo 002 de 2009, que reformó la Constitución para ilegalizar el consumo y la dosis personal, y la Ley 1566, llena de buenas intenciones pero desconectada de la realidad.
La peor de todas, sin duda, ha sido la Resolución 1441 del Ministerio de Salud, de mayo de este año, que obligará a que todos los centros de tratamiento sean dirigidos por psiquiatras, a seguir un modelo médico-farmacológico de tratamiento que no existe en ninguna otra parte del mundo (por la sencilla razón de que no sirve) y que puede ocasionar un caos indescriptible si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de esos centros en Colombia no siguen ese modelo, no están dispuestos a seguirlo y muchos de ellos preferirán cerrar.
Uno se pregunta cuál puede ser la razón de semejante exabrupto, inconsulto y manipulativo, que se aprobó en supuestas “mesas de trabajo” donde simplemente se pidió a los invitados que firmarán un documento ya elaborado, lo que ninguno de ellos hizo.
En Estados Unidos el equivalente del Ministerio de Salud, el National Institute on Health, acaba de rechazar (mayo de 2013) la propuesta del manual de “enfermedades mentales” de la Asociación Psiquiátrica porque carece de fundamento científico. Ese manual va exactamente en la misma dirección que propone la Resolución 1441.
Con el debido respeto, y con todas las pruebas en la mano, debo decir que ni los médicos ni los psiquiatras han contribuido de manera especial, ni en Colombia ni en ninguna otra parte, a una mejor comprensión o un mejor manejo del problema de las drogas. La explicación es simple: este es un problema de múltiples dimensiones y determinantes, y la médica es solo una de ellas -no la más importante.
La desintoxicación no es un tratamiento, ni los es la metadona o el empleo azaroso de fármacos para “ayudar” a los drogadictos. En esta aproximación hay errores conceptuales graves y de calamitosas consecuencias.
La clave es prevenir
La mayor parte de la gente no le pone mucha atención a este asunto, pero lo esencial debe ocurrir en el campo de la prevención, no en el del tratamiento. Y estas son algunas propuestas concretas para llevar a cabo en esta área:
1. La prevención del consumo de drogas debe ser la prioridad principal, especialmente en menores de edad. Hoy por hoy, después de 40 años de estudios, sabemos qué funciona y qué no; cuáles son los principales factores de riesgo y de protección; cuáles son los riesgos de empezar a consumir alcohol tempranamente; y sabemos que ningún programa es exitoso si cada comunidad no asume la responsabilidad por el futuro de sus jóvenes.
2. Todos los procedimientos preventivos deben ser sometidos a evaluación. Esto significa que no deben aceptarse promesas, sino demostraciones: si alguien asegura que su programa es exitoso, deberá poder mostrar las pruebas empíricas.
3. Todos los procedimientos preventivos deben ser actualizados periódicamente, considerando los cambios de la sociedad y de la tecnología contemporánea.
4. En un plazo de 5 años, el Estado apoyará financieramente solo aquellos programas que hayan sido evaluados o estén en proceso de evaluación.
5. Sobre esta base se construirá un catálogo de programas y prácticas preventivas basado en las evidencias, no en las promesas.
6. Lo anterior no será impedimento para estimular la creación y desarrollo de nuevas estrategias, que desde su inicio deberán prever los mecanismos de evaluación.
7. Las estrategias preventivas deberán fundamentarse en los principios que se han ido construyendo con la colaboración de múltiples instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos (NIDA); el Observatorio de Drogas de la Unión Europea (EMCDDA); o los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud en 2010 publicados en La política de drogas y el bien público, que presenta las conclusiones de muchos años de investigación en ese campo. Dada la confluencia entre esos varios estudios, los principios pueden considerarse como razonablemente universales, lo cual no significa que deban aplicarse exactamente de la misma manera en todas partes.
8. Los programas preventivos que han demostrado eficacia en otros contextos culturales no deberán ser adoptados sino adaptados a la realidad colombiana. En este campo, las franquicias (del estilo McDonald’s y similares) no funcionan: hay que llevar a cabo largos procesos de adaptación, que se hacen más difíciles en la medida en que las comunidades buscan que las intervenciones estén completamente ajustadas a sus necesidades.
9. Se adoptarán como política nacional los programas de detección temprana de adolescentes en riesgo, y el uso de intervenciones breves en los casos en que sean necesarias. En este campo no hay que inventar nada: existen estrategias que han sido validadas y puestas a prueba en el país en los últimos cinco años.
10. Existe evidencia de que cuando los orientadores escolares (psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos entrenados) se interesan por las situaciones de riesgo de niños y adolescentes, los niveles de riesgo disminuyen. En la actualidad, solo los colegios públicos con más de 800 estudiantes tienen un orientador u orientadora. Se propone que en todos los colegios haya un orientador por cada 300 estudiantes, y que reciban capacitación específica para abordar situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.
11. Los procedimientos derivados del concepto de reducción de daño deberán aplicarse exclusivamente a poblaciones altamente vulnerables en situación de marginalidad y a aquellos consumidores de SPA (sustancias psicoactivas) que no quieran o no puedan abandonar el consumo. Esto implicaría, por ejemplo:
-Distribución gratuita de condones y jeringas a usuarios de sustancias inyectables que se encuentren en situación de calle.
-Instalación de brigadas de salud.
-Dar instrucciones sobre la forma de prevenir infecciones, como no compartir jeringas o parafernalia.
12. La reducción de daño no debe incluir procedimientos que “normalicen” el consumo de sustancias ilegales, y sus mensajes no deben dirigirse a población general. En otras palabras, acciones como instruir sobre la manera correcta de inyectarse, dadas en las puertas de las discotecas, son muy poco recomendables.
Labores pendientes en el tratamiento
En el campo del tratamiento, hay que decir que la propuesta de la Ley 1566 de 2012 es poco realista. Podría referirse a un país europeo en pleno florecimiento económico, pero los colombianos siempre hemos tenido dificultades para distinguir entre Dinamarca y Cundinamarca, por lo que sería conveniente considerar alternativas como las siguientes:
1. El Estado ofrecería tratamiento gratuito únicamente a las personas que carezcan de recursos económicos para pagarlo. En otros casos deberá darse una cofinanciación, pues no se entiende por qué si alguien puede (sin recurrir a conductas delictivas) pagarse las drogas, no podría pagar su tratamiento.
2. Se promoverán formas de intervención terapéutica que conlleven el menor tiempo posible de aislamiento o de ruptura con la cotidianeidad.
3. La función vital del Estado sería asegurar la calidad de los tratamientos existentes, y de los centros en los cuales se imparten, sean públicos o privados. Esto es especialmente importante en el caso de niños y adolescentes.
4. El Estado deberá velar porque los centros de tratamiento sean sometidos a procesos permanentes de evaluación, y deberá proponer la metodología para tal efecto. Tampoco aquí hay que inventar nada: tales metodologías ya existen, han sido probadas y pueden ser bastante sencillas de ejecutar.
En conclusión, el Estado debe promover, a través del Ministerio de Salud, la adopción de estrategias de tratamiento ajustadas a las condiciones culturales del país, a las circunstancias económicas, y a las poblaciones específicas en las cuales se utilizarán.
En tal contexto, no es razonable proponer métodos de intervención que han demostrado ser obsoletos, ineficaces e ineficientes, como son las que se desprenden del modelo médico-psiquiátrico que considera el consumo de drogas una “enfermedad” y que desvaloriza y desprecia el trabajo de otras profesiones que sí han logrado producir resultados.
Si bien es cierto que enfocar el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública es un avance indudable, el hacerlo no convierte automáticamente la situación en una enfermedad, pues uno puede enfermarse como consecuencia de cualquier comportamiento abusivo o exagerado, incluyendo tomar agua. Pero no por eso se puede decir que tomar agua es una enfermedad.
*Ph. D., director de la Corporación Nuevos Rumbos.
Fuente: razonpublica.com/
