Casi nadie sabe que el Premio Nobel de Paz es un galardón otorgado más por razones políticas y negocios de todo tipo, que por merecimiento real del premiado. A decir verdad, el Nobel de Paz goza de un desprestigio tal que hay quienes ya sugieren con ironía que si a Juan Manuel Santos le dieron ese premio también Chamberlain debería recibirlo post mortem, gracias a los pactos que hizo con Hitler y Mussolini, tan parecidos al que Santos hizo con los terroristas de las FARC.
Los respetados premios Nobel de Física, Química, Ciencias Económicas, Medicina y Literatura, son entregados por la Academia de las Ciencias de Suecia, la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska -de Finlandia-, y la Academia Sueca, en tanto que el Premio Nobel de Paz es elegido por el cuestionado y politizado Comité Noruego del Nobel que, como se mencionó ya, usa el premio para satisfacer líderes políticos, concretar negocios privados e impulsar el mercadeo de las empresas a las que varios de sus miembros han representado. En realidad, el Nobel de Paz poco tiene que ver con la paz, y sí mucho con las causas de la guerra.
El Nobel de Paz ha nominado y/o premiado a personajes tan siniestros como Stalin, Mussolini, Hitler, Putin, Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel, Jimmy Carter, Obama, Arafat. Los terroristas de las FARC alcanzaron a ser nominados junto a Juan Manuel Santos, pero los noruegos decidieron, a última hora y para presionar los acuerdos de La Habana -según dijo la misma Kullmann Five-, postular y premiar únicamente a Santos. A Mahatma Gandhi, en cambio, se lo negaron en cinco ocasiones.
Antes de ocupar su puesto actual en el Comité Nobel, entre 2003 y 2007, Kaci Kullmann Five fue vicepresidenta del consejo de Statoil, la mayor empresa petrolera noruega. El gobierno de ese país, cuyo papel como garante en las negociaciones de paz es clave, posee la mayor parte de las acciones de la empresa, a la que en 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se le concedió una licencia de exploración en las aguas territoriales colombianas del mar Caribe.
Cuando la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Kaci Kullmann Five, anunció, el pasado 6 de octubre, la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2016 al presidente colombiano Juan Manuel Santos, los observadores de todo el mundo quedaron estupefactos. El titular del diario italiano Corriere della Sera se preguntaba si la elección tenía sentido; el español El Mundo lo consideró inapropiado y The Wall Street Journal lo tachó de extraño. Después de todo, Santos obtuvo el premio por su papel en un proceso de paz de seis años con la banda narcoterrorista FARC cuyo acuerdo fue rechazado por el pueblo colombiano. Sólo un 17% de los posibles votantes lo respaldó. Kullmann Five alegó que el galardón fue concedido en reconocimiento al trabajo realizado, con Noruega como país garante, y para alentar la búsqueda de la paz. Pero el móvil real de tan extravagante decisión se puede encontrar, como ocurre con muchos países que toman parte en el dudoso proceso de paz en Colombia, en intereses económicos; específicamente, petróleo.
Antes de ocupar su puesto actual en el Comité Nobel, entre 2003 y 2007, Kullmann Five fue vicepresidenta del consejo de Statoil, la mayor empresa petrolera noruega. El gobierno de ese país, cuyo papel como garante en las negociaciones de paz es clave, posee la mayor parte de las acciones de la empresa, a la que en 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se concedió una licencia de exploración en las aguas territoriales colombianas del mar Caribe.
La compañía petrolífera estatal Noruega Statoil es propiedad del Reino de Noruega en un 67 por ciento y es gestionada por el Ministerio de Petróleo y Energía. Como tantas otras compañías, tendría un especial interés en invertir en pozos petrolíferos de la Costa Caribe colombiana. Y en 2014 pudo llevarlo a cabo. Ese año, en la llamada Ronda Colombia 2014, Statoil consiguió una participación en el bloque COL-4 y meses más tarde amplió su participación comprando parte de la que había sido adjudicada a la española Repsol. Le compró el 10 por ciento del bloque Tayrona, compuesto de dos franjas frente a los departamentos de Magdalena y La Guajira y el 20 por ciento del bloque GUA OFF1 ubicado en aguas profundas frente a La Guajira. En el caso del bloque Tayrona, la compañía estatal colombiana conservaba un 30 por ciento de la propiedad. Y en GUA OFF1 el 50 por ciento. Confieso que esto no es periodismo de investigación ni zarandajas similares. Es simplemente leerse el diario «El Tiempo», gran adalid del presidente Santos, en su edición del 4 de septiembre de 2014.
Ecopetrol no solo estaba en la propiedad con una participación directa, además es una empresa en la que el presidente de la República nombra al gestor de la compañía y el ministro de Hacienda, el de Minas y el director de Planeación Nacional estaban en el momento de tomar esa decisión en el consejo de administración. Y como con cualquier recurso natural y estratégico de Colombia, es imposible que Statoil tuviera una participación en esos yacimientos petrolíferos sin el visto bueno de la presidencia de la República, cuyo titular era Juan Manuel Santos. Hasta ahí, nada extraño, cabe suponer. Pero se da una sorprendente casualidad. Statoil, como tantas compañías estatales tiene entre los miembros de su consejo de administración a políticos y altas personalidades del Estado. Entre ellos ha figurado la antigua ministra de Comercio y Tráfico Marítimo y ex presidenta del Partido Conservador, Kaci Kullmann Five. La señora Five ya no está en el consejo de administración de Statoil. Ahora está en cosas que lucen mucho más internacionalmente. Esta muy leal ciudadana noruega ahora es la presidenta del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz. Nada puedo añadir.
Ya no sorprende descubrir que las personas y países que toman parte en el proceso de paz en Colombia tienen vínculos con compañías petroleras con importantes intereses en el país, que dependen de las concesiones y licencias del gobierno de Santos. En un artículo del 12 de marzo del presente año, aludí al conflicto de intereses que afecta al enviado del gobierno estadounidense a los diálogos de La Habana, Bernard Aronson, fundador y gerente de Acon Investments, una firma de inversiones que tiene una participación mayoritaria en Vetra Energía, empresa cuyas inversiones en Colombia son el resultado de concesiones gubernamentales otorgadas en 2010 y 2012.
En un artículo del 2 de agosto de 2016 señalé el extraño papel que Suiza ejerce en los diálogos de paz al aceptar que se guarde en la sede de su Consejo Federal el documento firmado entre Santos y las FARC, un gesto prematuro, ya que el acuerdo fue rechazado por los votantes. La participación suiza también parece motivada por intereses económicos relacionados con el petróleo, pues las empresas de materias primas con sede en Suiza, que generan el 4% del PIB de ese país, han invertido miles de millones de dólares en negocios de carbón y petróleo en Colombia gracias a concesiones del gobierno de Santos.
En lo que concierne a los intereses de Noruega, su reputación como uno de los países menos corruptos del mundo no alcanza a la estatal Statoil, a la que en 2004 una corte noruega condenó por corrupción al hallarla culpable de sobornar a figuras políticas iraníes para obtener contratos petrolíferos. En 2006 la empresa resolvió un caso con las autoridades estadounidenses relacionado con los mismos hechos pagando 21 millones de dólares y reconociendo que había sobornado a funcionarios iraníes para asegurarse contratos y obtener información confidencial.
Tras el escándalo, el diario británico The Telegraph citó a Kullmann Five, que era portavoz del Consejo de Administración de la empresa, la cual dijo que ésta mantendría sus actividades internacionales “con idéntico vigor”. De hecho, lo hizo.
Cuando la antigua integrante del Consejo de Administración de Statoil anunció como presidenta del Comité Noruego del Nobel la concesión del premio a Santos, la desconcertada opinión pública empezó a hacer conjeturas sobre sus motivaciones. Ciertamente, no sería por la gran contribución de Santos a la paz, tras invertir seis años y billones de pesos en un proyecto fallido. Algunos propusieron que el comité quiso premiar la propia participación noruega en el proceso de paz. Sin embargo, la asociación de Kullmann Five con la empresa petrolera estatal y sus recientes concesiones de perforación de Colombia sugieren una motivación más prosaica. Y si bien no hay pruebas de soborno en este caso, podría tratarse de otro intercambio fraudulento de favores de “paz”.
*Lia Fowler es periodista estadounidense y ex agente especial del FBI.
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