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Las comunicaciones en Colombia: monopolios privados y mal servicio

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Hace más de veinte años se adoptaron medidas para acabar con los monopolios, incluido el del Estado, y estimular la libre competencia que garantizará un mejor servicio. Hoy nos hallamos en el polo opuesto: ¿por qué?

En días pasados, la Corte Constitucional, al fallar una demanda sobre la Ley 422 que presentó la Contraloría General de la República, señaló que la cláusula de reversión prevista en los contratos de concesión firmados en 1994 prevalecía sobre las nuevas disposiciones.

Ahí fue Troya, porque ni el Ministerio de las TIC ni ninguno de los operadores esperaban una sentencia en tal sentido, ya que tenían la “seguridad” que les daban las nuevas disposiciones: las Leyes 422 y 1341.

Esta “tranquilidad” queda corroborada en las actuaciones de los operadores Tigo y Movistar, que han vendido infraestructura pagada por todos los usuarios y propiedad del Estado, y han afectado así, no solo la prestación del servicio de telefonía móvil sino también el patrimonio público de todos los colombianos.

Entre 2010 y 2011, estas empresas realizaron varias transacciones con la American Tower Corporation (ATC): Movistar le vendió 500 torres por un valor de 72.725.000 dólares, y Colombia Móvil S.A hizo lo propio al venderle 2.126 torres.

ATC es una compañía norteamericana fundada en 1995 con los propósitos de adquirir, construir, administrar y compartir torres de comunicaciones, que cuenta en la actualidad con más de 30 mil sitios de telecomunicaciones en todo el mundo. La compañía ha comprado 230 torres en Brasil, 113 en Chile 113 y 475 en Perú; también lo ha hecho en México, India y en Estados Unidos. América Latina es el origen de la tercera parte de sus ingresos.

Así las cosas, es evidente que Colombia está ante un nuevo monopolio, ya no estatal, sino privado. El Ministerio, sin embargo, no se ha percatado o se ha hecho el de la vista gorda.

Telefonía sin “señal” de mejoría

El Ministerio sabe que sus funciones incluyen la vigilancia y el control y también sabe que, como firmante de un contrato de concesión, debe tener el inventario actualizado del valor de la infraestructura utilizada para prestar el servicio de telefonía móvil celular por parte de los operadores respectivos.

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Igualmente, el Ministerio tiene la facultad de exigir inversiones con tecnología de punta para que los usuarios reciban un servicio de calidad y no suceda lo que está pasando: hasta el Presidente de la República se queja una y otra vez de las deficiencias en las señales de los operadores.

Para aumentar la preocupación, de manera sorpresiva el pasado 25 de septiembre los 27 millones de abonados de Comcel-Claro se vieron afectados por la interrupción del servicio entre las 3:00 y las 8:30 de la mañana, justo en las horas cuando la compañía realiza mantenimiento y puede quitar o reemplazar equipos afectados de la infraestructura afecta al servicio

La Red de Veedurías Ciudadanas ha elevado solicitudes repetidas ante el Ministerio, y éste responde cada vez que “A la fecha se están haciendo los análisis jurídicos y técnicos respectivos”. La Red propone que el Ministerio, sobre la base de una valorización actualizada, espere un año al vencimiento de los contratos de concesión, reciba la infraestructura y proceda a la subasta de 4G en igualdad de condiciones para los oferentes y ojalá en competencia con jugadores nuevos como es la voluntad de la Constitución Política.

Pero el Ministerio tampoco se pronuncia sobre esa propuesta.

Aunque son muchas las críticas que caben sobre gobiernos vecinos como los de Ecuador o Venezuela, hay que reconocer que ellos sí cumplen sus funciones de reguladores y controladores.

El espíritu de la Ley 142 de 1994 -Ley de Servicios Públicos- en consonancia con la Carta Fundamental, fue aumentar la cobertura y eficiencia, al propiciar la competencia. Para cumplir este cometido creó las comisiones de regulación para que a través de su autonomía se generara el objetivo; para el caso que nos ocupa, la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC.

Hoy, sin embargo, lo que se ha visto es una captura de la CRC por parte de sus “regulados” que se ha extendido hasta Ministerio y la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que ha generado debilidad institucional para actuar y permitir los resultados que se tienen al día de hoy en materia de comunicaciones en el país.

* Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia, ingeniero industrial, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios. Candidato a Magister en Gestión y Auditorías Ambientales.

Fuente: razonpublica.com/