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La influencia de estas medidas ha sido parcial. En países como México, la idea de contar con un registro de los datos de las comunicaciones móviles de todos los usuarios del país fue tan tentadora que decidieron incluirla en su nueva ley de telecomunicaciones. En Australia, el fiscal general, George Brandis, ha propuesto actuar de manera similar, según informa The Sydney Morning Herald.

Poco importa que el Tribunal Europeo ya no considere como válidas estas medidas. Tampoco que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos haya publicado un reporte que considere que la retención de datos no es necesaria ni proporcional. El argumento de ofrecer seguridad a cambio de eliminar la privacidad, ha seducido a muchos, a pesar de los riesgos que esto implica.

Técnicamente, el principal problema de la retención de datos se refiere a la infraestructura necesaria para almacenarlos de manera segura. Si la medida fuera implementada en Australia, tendría un costo anual que oscilaría entre los AUD $500 millones y AUD $700 millones, es decir, entre USD $465 millones y USD $650 millones. Para las operadoras de telefonía móvil australianas, esa es una cantidad que no piensan pagar.

En Australia los usuarios de Internet podrían enfrentar un impuesto para la vigilancia en este medio que ascendería a unos 100 dólares al año si el Gobierno federal implementa un esquema para exigir a las empresas que almacenen los metadatos de los clientes por dos años, advierte el sector de telecomunicaciones de este país, informa ‘The Sydney Morning Herald’.

La Alianza de Comunicaciones, que incluye las empresas de telecomunicaciones, estima que el plan de retención obligatoria de datos podría costar a la industria de 500 a 700 millones de dólares al año, es decir, una cantidad que pagarían los consumidores.

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