Pese a las campañas mediáticas, a las propuestas audaces y a las buenas intenciones, el país no cuenta con una política efectiva en este campo. Necesitamos una Agencia Nacional de Prevención donde sean los científicos quienes sugieran políticas.
Caprichos de presidentes
Aunque Colombia es uno de los países que más ha sufrido con el problema de las drogas, no ha logrado adoptar una política de Estado que encare el problema de una manera integral, coherente y adaptada a los tiempos que vivimos.
El Estatuto de Estupefacientes de 1986, plagado de errores, de conceptos inadecuados y de medidas inaceptables (como el tratamiento obligatorio, que dio pie a la Sentencia C221 de 1994 de la Corte Constitucional) sigue vigente, como si desde aquella época no hubiera pasado agua bajo los puentes.
Además, Colombia tiene una legislación extremadamente frágil porque el gobernante de turno puede ponerla de cabeza, ignorarla o destruirla, cuando le provoque. Los sucesivos presidentes reaccionan al calor del momento y de las circunstancias, a veces sin mayor reflexión:
– Samper, a la amenaza de ser destituido por la filtración de dineros del narcotráfico en su campaña.
– Uribe, con visión muy miope, abandonó todo lo referente a la prevención del consumo y se limitó a presentar cinco proyectos diferentes que lo penalizaban o judicializaban, hasta que lo logró.
– Santos habla de legalización, pero su discurso deja ver que no sabe gran cosa sobre el asunto. Esto no ha sido impedimento para alborotar el avispero de los políticos, quienes de inmediato comenzaron a emitir conceptos sobre asuntos de los que no conocen ni el abecedario.
-Solo Pastrana intentó desarrollar una política de Estado respecto del consumo, y estuvo a punto de lograr que se aprobara una ley al respecto. Pero el proyecto se hundió en el momento de su aprobación en plenaria del Senado porque el ponente no se presentó, sin que nunca se conocieran las razones que motivaron la desaparición súbita del senador samario en cuestión.
Aun cuando en 2009 se presentaron unos lineamientos políticos importantes, el impacto de esas políticas ha sido mínimo porque ni en la Nación ni los municipios han asignado recursos para convertirlo en acciones concretas.
Un problema no atendido
La impresión que se desprende de las acciones de los gobiernos sucesivos es que el consumo de drogas no se ve como un asunto que merezca atención seria, pese al reconocimiento de que afecta a un gran número de personas, especialmente a menores de edad, y a que un número importante de alcaldes lo considera un problema esencial en su comunidad.
En la vida cotidiana es fácil constatar nuestro atraso en la atención del problema de consumo de drogas:
-Exceptuando la decisión de poner a prueba algunas estrategias de prevención en 2011-2012 (tarea a la que no se le dio continuidad), en los últimos 10 años el Estado colombiano no ha hecho nada distinto de vagas campañas de radio y televisión anunciando “un país libre de drogas”, de una calidad pobre y totalmente desconectadas de iniciativas programáticas.
-En el campo del tratamiento, el Estado colombiano tiene una capacidad de atención que difícilmente supera una de cada mil personas en esa condición; aquí el 95 por ciento de los centros de tratamiento son privados y todos carecen de evaluaciones sistemáticas sobre procedimientos, eficacia y efectividad.
Propuesta constructiva pero malentendida
El 30 de enero de 2013 la ministra de Justicia presentó ante los medios de comunicación una propuesta de reforma de la Ley 30 de 1986 con el nombre tentativo de Estatuto Nacional sobre Drogas, que produjo numerosas reacciones, en su mayoría negativas o por lo menos llenas de reservas.
Sin embargo, una gran parte de las críticas se redujo a la propuesta de despenalizar el uso de ciertas anfetaminas y de sustancias como el éxtasis, lo que fue titular de algunos medios de comunicación. Pero tales reacciones son insustanciales, y por varias razones:
Primero, porque ese punto concreto representa uno de los aspectos menos relevantes del proyecto de ley;
Segundo, porque esas dos sustancias no tienen prácticamente ninguna importancia desde el punto de vista epidemiológico, ya que el consumo de anfetaminas en Colombia es muy bajo y el de éxtasis viene disminuyendo desde hace varios años.
La realidad es que la mayoría de las personas no tiene ni la menor idea de qué son esas sustancias, de cómo actúan sobre el organismo, de si son legales o ilegales; y peor aún, no saben distinguir entre conceptos como “despenalización del consumo en mayores de 18 años” (que ya está consagrado desde 1994 en una sentencia de la Corte Constitucional), “despenalización de producción, venta y tráfico” (totalmente prohibidas) y “legalización de las drogas”. Esta última idea despierta grandes temores, y no sin razón, pero no es de ninguna manera de lo que trata el proyecto de ley mencionado.
El proyecto de la ministra se limitaba a concretar lo que varias leyes anteriores e incluso la Constitución ya habían dicho que tendría que hacerse, pero que no se hacía. Prueba de ello es su concepción del problema del consumo como un asunto de salud pública, idea sobre la cual hoy existe virtual unanimidad nacional, y que llevó a que se acogiera sin dificultades la Ley 1566 de 2012, la cual puede tener implicaciones mucho más graves, desde el punto de vista económico, que el Estatuto de las Drogas del cual estamos hablando, pues supone una oferta de tratamiento gratuito para todo el que lo solicite.
Los elementos novedosos del proyecto no son de poca monta, y algunos de sus propuestas son:
Sanciones severas para quienes trafiquen o desvíen medicamentos de uso controlado para que se les emplee en situaciones “recreativas”;
Castigos también severos a quienes utilicen sustancias (como la escopolamina y otras similares) que pongan a las personas en situación de indefensión que las haga presas fáciles para abusos de todo tipo;
Aumento de las penas a los traficantes que busquen crear o ampliar mercados con menores de edad, o que utilicen a menores para sus actividades;
Exigencia a los padres de familia para que protejan a niños y adolescentes del consumo de sustancias psicoactivas, e
Imponer sanciones -que pueden llegar hasta la pérdida de la custodia- a quienes consuman delante de sus hijos o promuevan el consumo por parte de ellos.
A pesar de todo lo anterior, el proyecto duerme el sueño de los justos en algún archivador a causa del ruido mediático que ocasionó. ¡Cómo serían de distintas las cosas si los periodistas algún día decidieran estudiar seriamente estos asuntos!
El modelo Petro
El alcalde de Bogotá se puso a sí mismo en el ojo del huracán al proponer en 2012 la creación de “centros de consumo controlado” en alguno barrios muy deprimidos de la ciudad, en donde se les daría marihuana gratuita a los consumidores de basuco o pasta básica de cocaína para ayudarlos a manejar los síntomas de abstinencia, y con ello se intentaría reducir la criminalidad.
A ello reaccionó de inmediato el procurador general de la Nación, quien calificó la medida de ilegal e inconstitucional (probablemente con razón) y amenazó con tomar medidas drásticas.
Además, dentro de esta propuesta ¿dónde están los programas de prevención destinados a padres, maestros, comunidad y escolares? ¿Dónde está el sistema de atención para consumidores no dependientes? ¿Dónde están los centros de atención altamente especializados?
En Europa los sitios de “consumo controlado” se limitan a la atención a heroinómanos, y nunca han tenido como propósito reducir la criminalidad: su objetivo es reducir los riesgos de infecciones letales asociadas con el hecho de inyectarse, como el sida y la hepatitis. En ninguna parte del mundo se les proporciona a los consumidores dependientes cocaína, speedball, éxtasis, crack o cualquier otra sustancia ilegal.
Por último, la reducción del microtráfico gracias a los “lugares de consumo controlado” solo ocurriría si les regalaran las sustancias a los cientos de miles que las utilizan sin ser dependientes ni adictos, con lo cual le darían razón al procurador, pues se estaría promoviendo el consumo; y cualquiera que haya visto en qué se convirtió la Spitzplatz en Suiza (algo similar al “cartucho” en una de las ciudades más ricas del mundo) podrá prever lo que nos esperaría.
La voz de los científicos
El mejoramiento de las condiciones económicas de Colombia, unido a una legislación laxa y confusa, y a una disponibilidad de sustancias de excelente calidad y bajo precio, se convierten en factores de alto riesgo.
Quizás sea el momento de empezar a pensar en una Agencia Nacional de Prevención y no tanto en una legalización del consumo de marihuana, pues sabemos que el 96 por ciento de quienes consumen sustancias ilegales comienzan a hacerlo antes de cumplir 18 años (y comienzan con marihuana), y en ese rango de edad el consumo de drogas afecta el desarrollo de ciertas áreas del cerebro.
Dicha agencia requeriría unos ciertos fondos para operar, pero el elemento clave sería la capacidad decisoria en cuanto a la formulación de políticas, que deberían ser refrendadas por el Congreso. En otras palabras: los científicos les proporcionarían a los políticos los elementos para hacer buenas propuestas y para tomar buenas decisiones: por eso hay que escucharlos.
*Ph.D. , Corporación Nuevos Rumbos.
