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Capitalismo y Colombia

Capitalismo y Colombia

Acabo de volver de Catatumbo, Colombia, donde miles de campesinos libran una lucha a vida o muerte contra el ejército colombiano y sus aliados paramilitares, todos respaldados por Estados Unidos. Los campesinos llevan 60 días de protesta contra las deplorables condiciones de vida y las circunstancias económicas en las que viven y para apoyar su propuesta de una zona de reserva de cultivo campesino -Peasant Farmer Reserve Zone- de 10 millones de hectáreas.

masacre

Esta zona -que estaría protegida por ley- permitiría a los campesinos llevar a cabo un cultivo de subsistencia, libre de la amenaza de usurpación por parte de las compañías extractivas que quieren abrir minas o perforar en sus tierras. Esta demanda, junto con la petición concomitante de que cesen todas las operaciones de minería, exploración y extracción de petróleo en su región, es crítica para los campesinos, al borde de la extinción.

Según el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez (CALCP), 11.000 campesinos han sido asesinados por las fuerzas estatales y paraestatales, la mayoría de ellos durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 y más de 100.000 campesinos -de un total de aproximadamente 300.000- han sido desplazados forzosamente. Al menos 32 fosas comunes con los cuerpos de activistas campesinos asesinados se han descubierto en la región en los últimos años.

Estas matanzas y desplazamientos masivos se llevan a cabo con el fin de abrir paso a más perforaciones petrolíferas, al cultivo de la palma aceitera (para biodiésel) y a la minería de carbón por parte de compañías estadounidenses.

Digo que este caos se lleva a cabo con el fin de abrir paso a más perforaciones petrolíferas porque en realidad se lleva perforando desde hace 70 años. Y a los campesinos de la región esto no les ha beneficiado nada. Como nos dijeron varias veces durante el viaje, después de 70 años de exploraciones petrolíferas, las zonas rurales de la región no tienen ni una carretera asfaltada. (Nuestra delegación -encabezada por Justice for Colombia y representantes del sindicato metalúrgico estadounidense USW y del sindicato británico e irlandés Unite the Union- descubrió esto de manera elocuente durante el viaje de tres horas y media por una pista de tierra desde Cucuta al pueblo de Tibu, cerca de la frontera venezolana.)

Además no hay sistema de alcantarillado, agua corriente ni servicios de salud. De hecho los campesinos heridos durante los enfrentamientos con el ejército y la policía en los dos meses de protesta -en las que los campesinos se defendían con palos contra las armas, los tanques y otra artillería suministrados por Estados Unidos- huyeron a Venezuela para recibir refugio y servicios médicos.

En resumen las compañías petrolíferas y otras compañías extractivas -empezando por Texaco en los años 30- se han apropiado de todo y nunca han dejado nada al pueblo. Ahora las compañías quieren aun más y los campesinos estorban, de forma que -con toda lógica- las compañías pretenden literalmente exterminarlos, con la ayuda del ejército y los paramilitares, apoyados éstos por Estados Unidos. Dicho de otra manera, estas fuerzas cometen un acto intencionado de genocidio. De hecho cuando comentamos que sólo veíamos a adolescentes en Catatumbo, nos dijeron que se debía a que sus padres o habían sido asesinados o estaban desplazados. Sólo quedan los pueblos llenos de niños.

Aunque el Ministro de Defensa colombiano nos advirtió que no viajáramos por dicha carretera a causa de las protestas, los campesinos nos dejaron pasar libremente. Por supuesto todos entendimos que el gobierno colombiano temía que fuéramos testigos de que los campesinos tenían la razón de su parte, de que son ellos los que defienden la tierra, el agua y la selva tropical para todos nosotros. Y es por esta razón que su lucha y otras luchas deben tener éxito. La realidad es que nuestra vida y nuestro futuro dependen de ellos.

(*) Daniel Kovalik es abogado laboralista y de derechos humanos y enseña Derechos Humanos Internacionales en la escuela de derecho de la Universidad de Pittsburgh.

Fuente: pacocol.org/