“Según un estudio del Ministerio de Justicia y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), el 63% de lo que en las calles se vende como cocaína es base de coca y sólo el 37% es clorhidrato de cocaína”. “En dos muestras analizadas de 2CB (droga sintética derivada de las anfetaminas y también conocida como nexus), en la primera, de marzo de 2012, se encontró ketamina, metilsalicilato y un diluyente que no hemos identificado, nada de 2CB. En muestras de diciembre, anfetamina, MDMA y una cantidad menor al 30% de 2CB”. Este tipo de alertas están corriendo entre los jóvenes bogotanos gracias a programas de salud que parten de que el consumo de drogas es una realidad y que frenar su expansión parte de su conocimiento profundo.
En diciembre de 2012, la Secretaría de Salud firmó un convenio para prolongar el programa de reducción del riesgo y mitigación de daños por consumo de sustancias psicoactivas: “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, que se venía desarrollando por cerca de dos años. Entre otras cláusulas, la ONG Acción Técnica Social se comprometió con el Distrito a desarrollar un Servicio de Análisis de Sustancias (SAS) para intervenciones y muestreos en los sitios que se han identificado como epicentros del consumo en la ciudad.
“Vamos a lugares donde previamente se ha diagnosticado que hay consumo. Esta estrategia utiliza pruebas, tests o análisis físico-químicos que permiten identificar la presencia o ausencia de una sustancia ilícita determinada, la cantidad de dicha sustancia dentro de una muestra y la presencia o ausencia de otras sustancias de interés”, dice Vannesa Morris, coordinadora del proyecto Échele Cabeza, socióloga y especialista en estudios de territorio. Se trata de pequeños laboratorios en discotecas o eventos públicos a los que las personas pueden acercarse para saber qué es lo que van a consumir.
Para Morris, una de las ventajas de hacer este tipo de investigación sobre drogas es que la sustancia llega al laboratorio de manera voluntaria. Y es que, contrario a lo que ocurre con los estudios que pueda realizar el Estado o un organismo oficial, la muestra no es producto de incautación, obteniendo así información más fidedigna de qué es lo que hay realmente en la calle. Morris señala que “con una pequeña encuesta genérica donde se prioriza la confidencialidad del usuario y no se indaga sobre lugares de venta o distribución, sólo temas de salud, es posible darle otra dimensión al entorno de las sustancias”.
El programa representa un beneficio para el usuario pues, con base en lo que él tiene para uso personal, los técnicos de Échele Cabeza le dan información en el momento en que va a consumir o ha consumido. “Si la muestra resulta ser la sustancia que estaban buscando, se les da información acerca de cómo podría ser un manejo menos riesgoso de dicha sustancia antes, durante y después de su consumo, teniendo en cuenta aspectos de salud y comportamiento. Si no resulta ser la sustancia, o se encuentra altamente adulterada, se recomienda no consumirla, especialmente si no se detecta qué contiene. Pero como sabemos que el usuario puede consumirla de todas formas, enfatizamos en los riesgos de dicha decisión, estar alerta y pendiente de su reacción en la fiesta”, afirma Julián Molina, químico farmaceuta y asesor en nuevas creaciones y vigilancia tecnológica.
Hasta ahora, en los laboratorios han analizado muestras de MDMA (éxtasis), en tabletas y cristales (polvo), anfetaminas, 2-CB y cocaína. Como consideran que aún no existen muestras significativas, los responsables del SAS no se animan a sacar conclusiones sobre las características de la droga que se mueve en Bogotá. Sin embargo, cuentan que, en general, “el porcentaje más frecuente de cocaína hallado en las muestras analizadas a la fecha es entre 25 y 50% de pureza. Y, muestras de MDMA y de 2-CB resultaron no ser dichas sustancias y dieron positivo para anfetaminas”.
Por ejemplo, cocaína, que tiene una concentración relativamente baja (entre el 25% y el 50%), implica que el usuario esté introduciendo a su organismo una cantidad mayor de otras sustancias de las cuales no tiene conocimiento y que pueden tener efectos negativos adicionales (o potenciar los de la cocaína) sobre la salud. “Podrían verse incrementados los daños cardiacos, si hay presencia de anestésicos locales como lidocaína o benzocaína; o efectos inmunodepresores ante la presencia de levamisol. Además, el hecho de que haya poca cocaína en el producto conlleva a que los usuarios tengan que administrarse una mayor cantidad de ese producto altamente adulterado, incrementando así los efectos negativos de dichos adulterantes”, argumenta Molina.
El problema se extiende a otras sustancias. Molina advierte que “un usuario que adquiere un producto, creyendo que es MDMA, y que en realidad es otra anfetamina, podría llegar a sobredosificarse. Un LSD que circula ahora, por ejemplo, tiene unas cualidades organolépticas (sabor) que no tenían los de hace un año más o menos: entumece la boca, genera vómito en ocasiones. Por eso necesitamos saber qué composición tiene lo que están vendiendo como LSD, para alertar a los usuarios, pero todavía no hemos podido con esa sustancia”.
Los primeros intentos de implementación de este tipo de servicio vienen de mediados de los años 80 (Ámsterdam, Países Bajos, 1986). En los años 90, organizaciones como DIMS (Países Bajos) y Energy Control (España) implementaron sus servicios. Hoy, siete países europeos cuentan con servicios de análisis de sustancias y alrededor de 14.000 muestras son analizadas cada año. Mientras tanto, ATS pretende recibir a final de 2013, en Bogotá únicamente, cerca de cien muestras.
Energy Control ha asesorado a ATS en este programa y le ha sugerido que lo primero es ganar la confianza de los usuarios, luego especializar los análisis abriendo la investigación hacia otras sustancias y haciéndolo cada vez más detallado. A la postre, con la información recolectada y con un sistema avanzado, generar alertas tempranas de la mano del sector público. Y, de paso, trabajar para que la información científica no falte cuando alguien decida si consume o no una sustancia prohibida.
“Antes los análisis de las sustancias en Colombia se hacían mal o no llegaban a los usuarios como una alerta, ahora se pueden demorar entre ocho meses y un año, pero cuando la información la logramos sacar del Estado ya las sustancias no están circulando o ese adulterante desapareció. Si logramos analizar y entregar la información al usuario en términos de semanas, con alertas tempranas, reducimos muchos daños y riesgos relacionados con el consumo”, dice Morris, quien defiende el proyecto como una forma de ayudar a la población consumidora.
Y es que, mientras haya consumo, mucho más que hacer campañas de prevención, ofrecer tratamientos para adicciones y definir las alertas frente a las composiciones de las sustancias, el Estado no puede evitar que productores y distribuidores de drogas las alteren. En otras palabras, la ilegalidad genera adulteración. Este proyecto parte de darles información suficiente a los usuarios para que tomen decisiones menos riesgosas frente a su consumo y, según el Distrito, pone a la ciudad a tono con uno de los enfoques propuestos por los informes de la OEA y la Comisión Asesora de drogas del Ministerio de Justicia del mes pasado, para tratar la problemática alrededor del consumo de drogas.
Fuente: elespectador.com
Por: Camilo Segura Álvarez
